El modelo de resolución de crisis
Febrero 2009
Las crisis financieras no se presentan de improviso, como los terremotos, sino que se gestan en un periodo de tiempo más o menos largo y tienen como factor clave la mala gestión1. Por ello, la prevención es la cura más eficaz, pero si ésta falla, y la estabilidad del sistema se ve seriamente amenazada, no hay más remedio que tomar medidas para intentar evitar el colapso del sistema financiero. Si bien es difícil no estar de acuerdo con la afirmación ingenuamente optimista de que con tiempo y con dinero todo se soluciona, no es menos cierto que minimizar la duración de la crisis y su impacto en la Sociedad es en no poca medida lo que se espera del gestor de la crisis, tarea esta que en la mayor parte de los países se
encomienda antes o después a las autoridades públicas.
Precisamente por ello, porque de lo que se trata es de velar por el interés general y no el individual de los directamente involucrados en el sector en bancario, es importante recordar que cuando se invierte dinero público en el proceso de saneamiento los principios de menor coste fiscal y mejor uso de los fondos públicos deben prevalecer y que, sobre todo, los causantes de los problemas sean los principales afectados por el proceso de resolución. En este sentido, el orden de afectación debería ser el siguiente: en primer lugar, los malos gestores, pues ellos llevaron a sus entidades a la comprometida situación patrimonial en la que se encuentran; a continuación, los accionistas y en general los titulares de los instrumentos de capital de la entidad, en la medida en que ese fue su compromiso al adquirir esos activos y en ellos recaía la responsabilidad primera de controlar a los órganos de gestión de las entidades, (en el caso de las entidades en donde los titulares de la propiedad no son claramente identificables, tales como las cajas de ahorros, los grupos de interés que participan en su gestión han de ser hechos responsables de la situación de la entidad, también a título personal), y finalmente, los acreedores comunes y en su caso hasta los depositantes por las cantidades no cubiertas por la garantía pública o el fondo de garantía de depósitos, si el efecto de esta medida en la estabilidad financiera no desaconsejara su adopción.
Las formas de resolver la crisis no están normalizadas pero sí hay pasos que es
necesario dar para no cometer errores de gran magnitud.
Para identificar y cuantificar el problema, no hay otra forma que la revisión experta de las entidades que forman el sistema, la llamada supervisión micro. Esta revisión consiste en que profesionales cualificados se pronuncien sobre la situación financiera de cada entidad atendiendo a dos enfoques complementarios: por un lado, considerándola una entidad en funcionamiento, y por el otro, en la hipótesis de liquidación. No es difícil deducir que la valoración de la calidad de los activos mediante la revisión individualizada de carteras es uno de los aspectos claves. Una vez establecido un diagnóstico, tendremos tres grandes grupos de entidades: las solventes, las que tienen graves problemas pero cuya solvencia no está comprometida de modo definitivo y las inviables y por tanto a liquidar.
A la hora de determinar a qué tipo pertenece cada entidad en situaciones de gran incertidumbre como la actual, se pueden cometer los conocidos errores de tipo I y de tipo II. El error de tipo I consiste en considerar una entidad insolvente cuando es en realidad solvente, mientras que el error de tipo II consistiría en considerarla solvente cuando realmente es insolvente. En el caso de una crisis sistémica el error de tipo II es el más grave que se puede cometer, dado que el no actuar en una situación de insolvencia conduce a una pérdida de confianza general, aun en las entidades solventes. La tolerancia del supervisor con las entidades inviables acaba repercutiendo en la salud generalizada del sector.
Para aislar el problema, a las entidades en mejor situación se les permite seguir operando.. Las que se consideren inviables deberán ser liquidadas sin dilación. Estas liquidaciones deben ser ordenadas y con todas las garantías para los diferentes actores del proceso. Hay que hacer notar que el impacto de la liquidación ordenada de una entidad de crédito, si está bien hecha, puede llegar a ser menos traumático que el de una empresa industrial, ya que, como proveedor de servicios financieros que es, puede ser sustituido de forma casi instantánea por otro competidor en la parte viable de su negocio.
Pondremos un ejemplo para hacer más comprensible el proceso a seguir con las
entidades en esta situación. Así, imaginemos que tenemos un banco con problemas graves pero solvente, el Banco General del Crédito S.A. En este caso, el banco deberá escindir sus activos de mejor calidad y la parte de sus pasivos que cuenta con algún privilegio especial (normalmente sus depósitos) y cederlos a
Nuevo Banco General del Crédito S.A. Obviamente Banco General permanece como propietario de las acciones. En caso de insuficiencia patrimonial en Nuevo
Banco General del Crédito S.A., el Estado, transitoriamente, podría llegar a entrar en su capital para darle mayor solidez patrimonial y tener un control más directo sobre sus gestores, de forma que la viabilidad del nuevo proyecto se vea fortalecida.
Si las cosas van bien el Banco mantendrá su participación en el capital de Nuevo Banco y podrá recomprar la parte del capital que ha aportado transitoriamente el Estado. Si las cosas van mal, se liquidará el Banco General sin afectar al Nuevo Banco General, que continuará su actividad con nuevos propietarios, y serán los
accionistas y financiadores subordinados del banco original los que asuman las
pérdidas que finalmente se produzcan.
En todo el proceso la trasparencia y la seguridad jurídica deben ser referentes imprescindibles en la actuación del gestor de la crisis. El concepto de ambigüedad constructiva2 tan querido por los banqueros centrales no debe servir de refugio de la arbitrariedad.
Hasta aquí, nuestra opinión sobre qué hacer para resolver la actual crisis bancaria, pero quedan preguntas igual de importantes a las que es necesario dar respuesta, y que podrían ser objeto otros tantos artículos. Por ejemplo, entre otras, cabría preguntarse lo siguiente: ¿cómo se originó la crisis financiera?; ¿por qué tanto las autoridades como los organismos públicos encargados de la supervisión de los mercados y de las entidades financieras fueron incapaces de preverla?; ¿o sí la previeron?, y si es así, ¿por qué no se actuó a tiempo? Por otro lado, después de no aplicar medidas preventivas, las correctivas adoptadas hasta ahora, ¿están siendo eficaces?, y si, como se argumenta a menudo, los mercados financieros, las entidades de crédito y buena parte de los organismos reguladores son en gran medida responsables de la comprometida situación actual, ¿qué debería hacerse pare evitar que en el futuro su actuación vuelva a provocar una catástrofe cuyos efectos y costes repercuten en la sociedad en su conjunto?
Para todas estas preguntas, la Asociación tiene algunas respuestas, y estamos
dispuestos a debatirlas en público.
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